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miércoles, junio 14, 2017

MINERIA ANGELA VIVANCO Con el cobre al rojo vivo

ÁNGELA-VIVANCO

OPINIÓN

Con el cobre al rojo vivo

PULSO  14/06/2017

Por Ángela Vivanco Martínez. Es posible que el caso Codelco genere una demanda de cambio radical, lo cual no se resuelve por la fiscalización, pues esta sólo busca cautelar cómo la ley se cumple, en lo formal y sustantivo.

Hablar de "pelea" entre la Contraloría General de la República y Codelco genera la impresión de grave crisis en la empresa más importante de Chile. La pugna, incluidos tribunales, entre ambas entidades significa en efecto un problema, pero conviene distinguir qué tiene de real y qué de aparente, cuáles son pretensiones y cuáles situaciones concretas.

La normativa que rige a Codelco, tras numerosos años de legislatura, resulta un híbrido entre el estatuto propio de empresas privadas y el de entes públicos: su personal se rige por el Código del Trabajo y no por el Estatuto Administrativo y su directorio opera teniendo a la vista la Ley de Sociedades Anónimas, todo lo cual permite grandes espacios de autonomía en la contratación, determinación de rentas, políticas de retiro, negociación colectiva y diversas decisiones comerciales, pero por otro lado en Codelco los derechos de "accionista" los ejerce el Presidente de la República, sus excedentes van a parar al Estado y es de fiscalización obligada por un órgano especial (Cochilco), respecto del cual Contraloría opera como una suerte de segunda instancia, en su defecto y en situaciones especiales.

La cohabitación público-privada que se ha descrito no es fácil y surgen situaciones que deberían ser materia de autorregulación: ¿debe haber límites en los montos indemnizatorios de su personal?, ¿son aceptables bonos de término de conflicto de cualquier envergadura?, ¿pueden darse contrataciones por trato directo y no por licitación pública? Las tres cosas son legalmente posibles, pero no las transforma en un espacio arbitrario y deben modularse las políticas internas adoptadas al respecto (como ha sucedido con la gradual disminución de la contratación directa), pero sin duda no hay comparación con servicios sometidos a escalas únicas de sueldo, operatoria de funcionarios públicos y procesos de licitación.

Es posible que ello genere una demanda de cambio radical, lo cual no se resuelve por la fiscalización, pues esta sólo busca cautelar cómo la ley se cumple, en lo formal y sustantivo. Tal cambio los colegisladores habrán de determinarlo y, por cierto, reflexionar acerca del impacto que podría tener en la provisión de su personal, competitividad, posicionamiento exterior, etcétera; corregir la dualidad normativa sólo puede hacerse en sede normativa.

Muy distinta es la ocurrencia de actos de corrupción o delictuales como el desvío, malversación, negociaciones incompatibles o fraude contractual o de otro orden que puedan haberse cometido con ocasión de la gestión de Codelco, lo cual no sólo corresponde fiscalizar sino derivar al Ministerio Público. Sobre ello hemos asistido a denuncias muy graves, que deberán ser objeto de investigación y de respuesta, no sólo de la afectada sino de quienes debieron ejercer los adecuados controles y cautelar así los fondos públicos que la empresa maneja.

Si tales hechos son efectivos, habremos de escrutar porqué llegaron a suceder sin que operara el Estado de Derecho y los debidos controles, frenos y contrapesos de la libertad concedida, lo cual no debe confundirse con la demonización de tales espacios de libertad.

En síntesis, más que "peleas" o "protagonismo", lo que necesitamos los chilenos es develar si la gran minería del cobre está operando como debe y merecemos esperar y, de no ser así, qué razones hay, dado que todos los incumbentes llevan tiempo en funciones y no ignoran sus espacios de responsabilidad ni lo que impacta tal industria a la economía chilena.

*La autora es profesora Derecho Constitucional UC y doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de La Coruña (España).


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU
Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 
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Santiago- Chile

jueves, junio 08, 2017

CORRUPCION EN LA MAYOR MINERA ESTATAL CHILENA CON ADMINISTRACION SOCIALISTA

Desfalco: La verdadera razón por la que Codelco no quiere ser fiscalizado

Los mandamases de Codelco quieren que ningún organismo del Estado los controle, para poder seguir dilapidando y robando sumas inimaginables de fondos públicos, en total impunidad.

Las malversaciones comenzaron en 2010. Desde abril de aquel año las trasnacionales mineras en la práctica tomaron el control de Codelco. Lo hicieron cuando ejecutivos de las principales empresas mineras que operan en Chile como Diego Hernández y Thomas Keller asumieron la Presidencia Ejecutiva y la Vicepresidencia de Finanzas, respectivamente. Con ellos, ingresaron al directorio y a los más altos puestos de la plana ejecutiva de la estatal cuprífera una serie de otros ejecutivos de transnacionales mineras, que respondían a sus intereses y no a los del fisco chileno.

Las transnacionales mineras pudieron ingresar a la administración de Codelco gracias a dos hechos esenciales:

Primero: el Nuevo Estatuto Orgánico de la Corporación establecido por la Ley 20.392, aprobado en noviembre de 2009, en el primer gobierno de Michelle Bachelet, que, entre otras disposiciones, permite que el Presidente Ejecutivo de Codelco ya no sea designado por el Presidente de la República, sino por el Directorio. De dicho Directorio se eliminó a los Ministros de Hacienda y Minería, y al representante de las Fuerzas Armadas.

El nuevo directorio estaría compuesto por 3 miembros designados por el Presidente de la República y 4 miembros escogidos por el Consejo de la Alta Dirección Pública, exigiéndose como requisito que quienes postulen sean profesionales que hayan trabajado para empresas mineras.

Segundo: en marzo de 2010, al asumir Sebastián Piñera la Presidencia de la República, en virtud de esta nueva ley designa un directorio y una plana ejecutiva integrado principalmente por ejecutivos de transnacionales mineras, y, debido a ello, desde esa fecha Codelco ha sido administrada casi exclusivamente por ex ejecutivos de estas transnacionales.

Con estos profesionales "de excelencia", como majaderamente se ha señalado por la prensa dominante, era razonable pensar que Codelco sería mejor administrada y mejorarían considerablemente sus resultados.

Sin embargo, como anticipamos, en esa época comenzarían los malos resultados y pérdidas extraordinarias para Codelco, lo que era fácil deducir, porque las transnacionales mineras venían a destruir financieramente a la Corporación para fraguar su privatización.

El desfalco

Desde 2010 a la fecha se han registrado los peores resultados de toda la historia de Codelco,considerado el nivel de producción y los precios del cobre y subproductos. Los malos resultados no se deben a una mala a deficiente gestión o administración de Codelco, sino concretamente a un fraude de dimensiones insospechadas.

El desfalco en Codelco podría no ser un fin en sí, sino un medio para conseguir algo superior: su definitiva privatización.

Pero a los defraudadores ahora les salió una piedra en el camino: se trata del Contralor General Jorge Bermúdez, quien ha emitido un informe cuestionando una excesiva e ilegal indemnización de 500 millones de pesos, y ha ido más allá al señalar en la Cámara de Diputados que Codelco había realizado contratos con firmas relacionadas por US$ 783 millones.

El alto mando de Codelco ha anunciado que acudirá a los Tribunales de Justicia para impedir ser fiscalizada por Contraloría, y el Gobierno –en la persona del ministro de Hacienda Rodrigo Valdés- y la clase política le han respaldado en este descarado intento. Pero corren el gran riesgo que los Tribunales respalden las investigaciones de Contraloría e impulsen las que hasta ahora realiza el Ministerio Público.

Recordemos que el 17 de abril de 2015 presentamos -con la ONG Chile Cobre- una querella por malversación de caudales públicos en Codelco ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. Actualmente el caso es investigado por la fiscal Macarena Cañas, adscrita a la Fiscalía de Alta Complejidad, la que se ha mostrado poco interesada en darle celeridad a esta importante causa.

El modus operandi

Las razones por las cuales sostenemos que estamos frente a un fraude, estafa o robo, reposan en el análisis de los ingresos por ventas de la Corporación, que tomamos directamente de las Memorias Oficiales de Codelco publicados en la página www.svs.cl.

El 2006, los ingresos de Codelco alcanzaron US$ 17.077 millones. La producción de cobre fue de 1.676.000 Ton. y el precio promedio de US$ 6.722/Ton. (US$ 2,99 la libra). En 2016, la producción de cobre fue de 1.860.000 Ton., 11% más que el 2006, pero el precio del cobre fue de US$ 2,49 es decir 16% menos que el 2006. Con esa producción y precio, los ingresos por ventas del año 2016 debieron sobrepasar de US$ 16.000 millones, sin embargo, en la Memoria de Codelco, los ingresos por ventas del año 2016 alcanzan solamente a US$ 11.537 millones.

De esta manera, faltan US$ 4.600 millones aproximadamente en los ingresos por venta de Codelco por el año 2016. ¿Por qué faltan? Porque seguramente una gran parte del cobre y subproductos fueron vendidos a precios muy inferiores al mercado. ¿A quiénes? Seguramente a las mismas empresas de donde vienen los altos ejecutivos de Codelco. En dichas memorias no se consigna la identidad de los compradores como tampoco los precios de venta.

Esa es la razón principal por la que no quieren que la Contraloría los quiera fiscalizar, porque podría descubrir quiénes son las empresas favorecidas con estos precios de remate, y Codelco no podría ampararse en que dichos precios obedecerían a su liberta empresarial, puesto que ni Codelco ni ninguna minera extranjera pueden exportar a precios inferiores a los del mercado internacional, porque ello está prohibido por el art. 36 de la Ley de la Renta.

Veamos otras comparaciones. El año 2009, cuando las transnacionales aún no administraban Codelco, la crisis subprime desplomó el precio del cobre llegando bajó a solo US$ 2,34 la libra. Sin embargo, con una producción de 1.702.000, es decir 9% menos que el 2016, sus ingresos por venta fueron de US$ 12.379 millones, es decir US$ 842 millones más que el 2016, en que hubo mayor producción y precios más elevados.

El 2011 el precio del cobre alcanzó los US$ 8.816/Ton., (US$ 3,99 por libra, 33% más que el 2006) por lo que los ingresos por ventas debieron superar en más de 30% a los del 2006, para llegar a los US$ 22.000 millones. No obstante, según la Memoria de 2011, los ingresos fueron de US$ 17.515 solamente. De esta manera "desaparecieron" otros US$ 4.500 millones. Y cifras cercanas a los U$ 3 mil millones también faltan en los años 2012, 2013, 2014 y 2015.

Entonces son mucho más que 20 mil millones de dólares los que han desaparecido en Codelco desde 2010.

Pese a esto, el gobierno nos dice que no hay dinero para la educación gratuita, siendo que solo fiscalizando a Codelco sobraría dinero para la educación y salud de gratuita de calidad para todos los chilenos.

Es precisamente la información de los ingresos, la que pone en evidencia que estamos frente una escandalosa defraudación de Codelco.

Es ilegal exportar a precios inferiores al mercado internacional

A este respecto el N° 4 del art. 97 del Código Tributario establece que las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas pueden ser castigadas con presidio menor en sus grados medio a máximo (de 541 días a tres años), y multas del cien al trescientos por ciento de lo defraudado. Exportar el cobre y sus subproductos a precios inferiores al mercado constituye incluso fraude aduanero, en aplicación de las letras a y b del art. 181 de la Ordenanza de Aduanas, lo que también se castiga con presidio en su grado mínimo a medio y multas de 5 veces del valor de lo defraudado.

Es claro que exportar a precios inferiores al mercado es un delito. Pero la cosa puede ser aún más grave: no parece factible que la totalidad del cobre y subproductos hayan sido exportados a precios inferiores al mercado. Probablemente sólo una parte de esas exportaciones se efectuó a menor precio y fue comprada por determinadas empresas que estaban al corriente de estos precios de remate. ¿Cuáles empresas? Es aquí precisamente donde podría estar el delito más grave: la asociación ilícita. No sería sorprendente que las empresas beneficiadas con estos bajos precios pudieran ser filiales de las transnacionales mineras de donde vienen los altos ejecutivos de Codelco. Además, estas filiales, que ganaron lo que Codelco perdió, podrían estar domiciliadas en paraísos fiscales para no pagar impuestos por estas ganancias excepcionales y mal habidas. De este modo, estas ganancias libres de impuestos podrían servir para pagar suculentas "coimisiones" a quienes les permitieron comprar cobre y subproductos a precios de remate.

Es dable mencionar que la totalidad de los grandes medios de comunicación chilenos han omitido pronunciarse respecto de este desfalco, pese a que desde 2011 lo venimos denunciando con el Comité de Defensa del Cobre. Sólo el corresponsal en Chile de la revista Proceso de México, Francisco Marín, le ha dado –desde enero de 2012- debida cobertura a esta importante materia.

Sr. Contralor General, por favor no ceda en su empeño por fiscalizar en su totalidad a Codelco.

Julián Alcayaga O.
Economista y abogado
Presidente ONG Chile-Cobre
Junio 2017


Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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Santiago- Chile

jueves, junio 01, 2017

ANGELA VIVANCO SIEMPRE BRILLANTE Y DIDACTICA DE BUFONES Y MITOS

Querer obligar a aceptar tratos indignos, descalificando a quienes los padecen o considerando que es su culpa por ser personas conocidas, es un escenario propicio para el abuso y para confundir la libertad de expresión con el derecho al insulto.
Publicado el 01.06.2017

En una sociedad democrática la libertad de expresión es fundamental; significa una auténtica garantía de participación de las personas en la cosa pública aunque no ostenten cargos, además de asegurar el escrutinio sobre los órganos del Estado y la competencia entre ideas y propuestas, lo cual es propio del pluralismo democrático.

Una difícil tarea ha sido definir los contenidos y límites de la libertad de expresión, pues hay espacios en que puede intersectarse con otros derechos, tales como la honra, la privacidad y la propia imagen. Ello ha motivado la necesidad de que los jueces y legisladores empleen sus esfuerzos en solucionar eventuales conflictos, acudiéndose a la ponderación entre unos derechos y otros, evitando su jerarquización a priori.

Sin embargo, hay mensajes o expresiones que se mueven en las fronteras de este derecho y que, si bien pueden quedar cubiertos bajo su sombra, no siempre son exactamente parte integrante de éste: es el caso de la llamada programación "de farándula" y de algunas formas de humor. Esas variantes utilizan a los medios de comunicación y sus recursos, con capacidad de confundirse con el caudal informativo y captar la atención del público, y pueden resultar atrayentes por distintas razones para la audiencia, lo que no las eleva a transformarse por ello en un gran aporte.

En el Chile actual, hemos conocido últimamente casos de frontera, a propósito de expresiones vertidas en programas de TV por un ácido humorista que nadie se atreve a tocar, posiblemente por miedo a ser aludido también. Así, en un escenario de luces, donde a menudo celeridades o aspirantes ríen de que se rían de ellas, toleran que se las imite, aceptan bromas sobre su cuerpo, su inteligencia o sus capacidades, se exponen y se muestran en instancias que podrían preservar para sí mismas y prefieren ser nombradas que no serlo – no importa a propósito de qué-, empiezan a ser motivo de injerencia personas que no han optado por esos caminos y que no se toman alegremente sobrenombres, mofas, burlas o insultos.

Si reclaman, les caen encima mitos que no se compadecen con la madurez de nuestra sociedad: los políticos deben aceptar la exposición a estos ataques; las mujeres no pueden quejarse de ofensas salvo que tengan una trayectoria en la militancia del feminismo o los estudios de género; haber criticado a otros es una justificación para ser víctimas de tales denotaciones.

Querer obligar a aceptar tratos indignos, descalificando a quienes los padecen o considerando que es su culpa por ser conocidas, es un escenario propicio para el abuso y para confundir la libertad de expresión con el derecho al insulto.

Participar en política sin duda importa exposición a la crítica, a las discusiones e incluso a arrebatos de los contrarios, pero no es un cheque en blanco para autorizar el ataque personal, físico, la agresión injustificada; adherir o no a movimientos feministas o de género no es condición para experimentar la condición de mujer y defenderla. Por último: no es lo mismo estimar que una persona carece de idoneidad para un cargo o que ha hecho una gestión desafortunada, que ridiculizarla repetidamente.

Tampoco se espera del colectivo creer que hay una especie de validación por el horario, por la naturaleza del programa o porque eso ha sucedido antes. Más bien suena a una renuncia frente a la vulgaridad y al ataque aparentemente divertido, pero hiriente.

Estas situaciones muchas veces se disuelven en juicios o requerimientos (como dice alguno, muerto de la risa: "Arriesgo demanda"), pero lo más interesante de analizar es cómo operan en nuestra sociedad mínimas reglas de solidaridad y reacciones de repugnancia frente a tales excesos: ¿Ya no nos molestan ni nos sorprenden? ¿Dan lo mismo mientras no se rían de mí?

La majestuosa libertad de expresión que tanto ha costado a varias generaciones de chilenos no debería terminar siendo el juguete del bufón de palacio.

 

Ángela Vivanco Martínez, abogada y profesora de Derecho Constitucional UCdoctora en Derecho y Ciencias Sociales para la Universidad de La Coruña, España

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL /AGENCIAUNO

Fuente
Querer obligar a aceptar tratos indignos, descalificando a quienes los padecen o considerando que es su culpa por ser personas conocidas, es un escenario propicio para el abuso y para confundir la libertad de expresión con el derecho al insulto.
Publicado el 01.06.2017
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En una sociedad democrática la libertad de expresión es fundamental; significa una auténtica garantía de participación de las personas en la cosa pública aunque no ostenten cargos, además de asegurar el escrutinio sobre los órganos del Estado y la competencia entre ideas y propuestas, lo cual es propio del pluralismo democrático.

Una difícil tarea ha sido definir los contenidos y límites de la libertad de expresión, pues hay espacios en que puede intersectarse con otros derechos, tales como la honra, la privacidad y la propia imagen. Ello ha motivado la necesidad de que los jueces y legisladores empleen sus esfuerzos en solucionar eventuales conflictos, acudiéndose a la ponderación entre unos derechos y otros, evitando su jerarquización a priori.

Sin embargo, hay mensajes o expresiones que se mueven en las fronteras de este derecho y que, si bien pueden quedar cubiertos bajo su sombra, no siempre son exactamente parte integrante de éste: es el caso de la llamada programación "de farándula" y de algunas formas de humor. Esas variantes utilizan a los medios de comunicación y sus recursos, con capacidad de confundirse con el caudal informativo y captar la atención del público, y pueden resultar atrayentes por distintas razones para la audiencia, lo que no las eleva a transformarse por ello en un gran aporte.

En el Chile actual, hemos conocido últimamente casos de frontera, a propósito de expresiones vertidas en programas de TV por un ácido humorista que nadie se atreve a tocar, posiblemente por miedo a ser aludido también. Así, en un escenario de luces, donde a menudo celeridades o aspirantes ríen de que se rían de ellas, toleran que se las imite, aceptan bromas sobre su cuerpo, su inteligencia o sus capacidades, se exponen y se muestran en instancias que podrían preservar para sí mismas y prefieren ser nombradas que no serlo – no importa a propósito de qué-, empiezan a ser motivo de injerencia personas que no han optado por esos caminos y que no se toman alegremente sobrenombres, mofas, burlas o insultos.

Si reclaman, les caen encima mitos que no se compadecen con la madurez de nuestra sociedad: los políticos deben aceptar la exposición a estos ataques; las mujeres no pueden quejarse de ofensas salvo que tengan una trayectoria en la militancia del feminismo o los estudios de género; haber criticado a otros es una justificación para ser víctimas de tales denotaciones.

Querer obligar a aceptar tratos indignos, descalificando a quienes los padecen o considerando que es su culpa por ser conocidas, es un escenario propicio para el abuso y para confundir la libertad de expresión con el derecho al insulto.

Participar en política sin duda importa exposición a la crítica, a las discusiones e incluso a arrebatos de los contrarios, pero no es un cheque en blanco para autorizar el ataque personal, físico, la agresión injustificada; adherir o no a movimientos feministas o de género no es condición para experimentar la condición de mujer y defenderla. Por último: no es lo mismo estimar que una persona carece de idoneidad para un cargo o que ha hecho una gestión desafortunada, que ridiculizarla repetidamente.

Tampoco se espera del colectivo creer que hay una especie de validación por el horario, por la naturaleza del programa o porque eso ha sucedido antes. Más bien suena a una renuncia frente a la vulgaridad y al ataque aparentemente divertido, pero hiriente.

Estas situaciones muchas veces se disuelven en juicios o requerimientos (como dice alguno, muerto de la risa: "Arriesgo demanda"), pero lo más interesante de analizar es cómo operan en nuestra sociedad mínimas reglas de solidaridad y reacciones de repugnancia frente a tales excesos: ¿Ya no nos molestan ni nos sorprenden? ¿Dan lo mismo mientras no se rían de mí?

La majestuosa libertad de expresión que tanto ha costado a varias generaciones de chilenos no debería terminar siendo el juguete del bufón de palacio.

 

Ángela Vivanco Martínez, abogada y profesora de Derecho Constitucional UCdoctora en Derecho y Ciencias Sociales para la Universidad de La Coruña, España

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL /AGENCIAUNO


Saludos
Rodrigo González Fernández
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