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martes, febrero 11, 2014

CARLOS CARDOEN, UN GRAN AMIGO Y TREMENDO EMPRESARIO

A un año  de su retiro empresarial, Carlos Cardoen reaparece con proyecto minero

Junto a su hijo Andrés, el empresario creó una nueva firma e inyectó capital en otra para participar en la explotación minera. Todo dentro de una estructura que diseña desde 2012 para formar un holding orientado a este negocio.  

por:  Luis Menodoza, La Segunda
martes, 11 de febrero de 2014

Pese a haber anunciado hace dos años su retiro del ámbito empresarial, con el propósito de centrarse en sus actividades culturales en la provincia de Colchagua, el empresario Carlos Cardoen no para de idear nuevos negocios.

Esta vez, de la mano de su hijo Andrés Cardoen Aylwin, el empresario está estrenando un nuevo nicho de negocios: el sector minero.

Hace algunas semanas creó la compañía Tecplas y aumentó el capital de New Tech Cooper, todo dentro de una estructura societaria que comenzó a diseñar en 2012 y que comprende la conformación de un holding orientado a la inversión y explotación minera y a la comercialización de insumos para este sector.

En ese proceso, Cardoen concretó la fusión de sus dos empresas dedicadas a fabricar equipos para la minería, y luego (a través de sus sociedades Inversiones Vichuquén y New Beselare) creó su actual cabeza en el área minera: NT Mining, la que con US$12,3 millones hoy gestiona desde la gerencia general su tercer hijo, Andrés Cardoen.

Precisamente, esta última sociedad fue la que a fines del mes pasado concretó la formación de su nueva filial Tecplas, que como actividad principal, se abocará a participar "en el negocio de operación, explotación, extracción y procesamiento minero" además de desarrollar "inversiones en la industria minera" y en sus actividades "directas o indirectas".

La nueva sociedad de Cardoen, que iniciará sus actividades con US$1 millón, también podrá prestar servicios y comercializar productos tecnológicos para la minería y será encabezada por el propio Carlos Cardoen en la presidencia y por Andrés Cardoen en la gerencia general .

Paralelamente, el empresario radicado en la ciudad de Santa Cruz (VI Región), anunció a mediados de 2012 que ya estaba preparado para delegar todos sus negocios en sus hijos y mantener sólo presencia en sus empresas a través de los directorios. Ello con el propósito de dedicarse a los museos, hotel y actividades culturales que desarrolla en la zona de Colchagua. "Estoy listo para mandarme a cambiar", dijo a El Mercurio en noviembre de 2012 al ser consultado sobre el proceso de delegación de sus empresas.

Innovación, cultura y turismo


Carlos Cardoen, fiel a la política de innovar en el ámbito empresarial y a su postura crítica respecto del desarrollo cultural y científico que se aplica en Chile, no se ha mantenido estático en este ámbito. A mediados del año pasado creó el "Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico Empresas Cardoen", con el objetivo de impulsar el "estudio de las ciencias, la investigación, innovación y desarrollo de tecnologías, productos, procesos y servicios" en el ámbito minero, vitivinícola, agrícola y de la minería.

Una actividad que el centro podrá desarrollar participando o convocando a licitaciones y representando a centros de investigación internacionales. El centro es gestionado por Pedro Aylwin.

Tras estar vinculado en el pasado a la fabricación y ventas de armas, Cardoen dejó este rubro y se dedicó a las actividades industriales, agrícolas y de energía. Luego, se concentró en la zona de Colchagua donde se abocó a crear un polo de desarrollo turístico que tuviera atractivo internacional.

En ese proceso se ha mantenido concentrado hasta el día de hoy, a través de un hotel, una viña turística, un casino y un museo en la ciudad de Santa Cruz.

Pero uno de los últimos aciertos de Cardoen no estuvo en la actividad turística, sino en la tecnológica: en 2005 desarrolló un dispositivo que optimiza los procesos electrolíticos en la refinación de Cobre, lo que permitió elevar la producción del metal.

La innovación permitió a Cardoen transformarse en proveedor de una tecnología única (desarrollada por ingenieros chilenos) para las mayores mineras de cobre del país, lo que explica el énfasis que el empresario ha puesto en la investigación en el país.

Las cuatro áreas de negocio que manejan sus hijos


Los hijos del patriarca del grupo, Emilio y Andrés Cardoen mantienen roles ejecutivos dentro del conglomerado familiar, entre cuyas empresas figuran firmas como Enor, que incursiona en la energía eólica en las ciudades de Iquique y Rancagua.

Sin embargo, desde 2004 es Andrés Cardoen (42 años) quien lidera el accionar del grupo, desde la vicepresidencia ejecutiva. Desde ese puesto ha buscado profesionalizar el holding y dedicarse a la busqueda de nuevos negocios.

Su principal misión fue consolidar una nueva estructura de negocios al grupo creado por su padre, de esta forma, actualmente Empresas Cardoen cuenta con cuatro áreas de negocio. La primera la lidera Almacruz, que une a las empresas hoteleras y turísticas del grupo. El segundo grupo es Enor Chile, concentrada en la generación térmica y las energías renovables. A ellas se incorporó la nueva NT Mining, que concentrará las actividades de servicio y producción minera en las que ya participa o participará el conglomerado. El cuarto brazo empresarial es el rubro agrícola -el favorito del patriarca-, bajo la cual operan la empresa Superazufre, Viña Santa Cruz y el negocio de cultivos de granos y arándanos.
























































































































Fuente:lasegunda

Saludos
Rodrigo González Fernández
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RSE: RSE, más allá de la pura filantropía

UNIRSE:

Managua, Nicaragua | elnuevodiario.com.ni

RSE, más allá de la pura filantropía


Unos US$500 millones se invierten en el país en Responsabilidad Social Empresarial

Manuel Bejarano | Economía

RSE, más allá de la pura filantropía
El Proyecto Mujeres con Futuro, de Walmart, beneficia a unas 50 mujeres de La Concepción y de Ticuantepe, que se dedican a la producción de reposterías, jaleas y cereales. CORTESIA/END






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Conocida por las siglas RSE, aunque otros prefieran llamarla RSC —por responsabilidad social corporativa—, la Responsabilidad Social Empresarial se ha extendido en Nicaragua en los últimos años, al punto de que es difícil establecer hasta la fecha un número exacto de empresas que la ponen en práctica en el país.

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La Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social Empresarial, Unirse, la organización más reconocida en el tema de la RSE, aglutina a más de 100 empresas que tienen programas y proyectos dirigidos a sus públicos internos, públicos externos y la sociedad en general.

Pero ese número podría ser mayor, si se considera que en la actualidad una buena parte de empresas —grandes, pequeñas y medianas— se han apropiado del tema y lo llevan a la práctica diariamente desde la misma conceptualización del negocio.

Para Álvaro Porta, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad Americana, UAM, un grupo de empresas en el país ha mantenido una filosofía de actuación socialmente responsable desde su fundación, por los valores éticos de sus fundadores. Aunque antaño no pusieran en práctica indicadores, o no lo hicieran del dominio público, promovían decisiones gerenciales que tomaban en consideración los intereses de la sociedad.

Otro grupo de empresas impulsan acciones aisladas de cara a la sociedad, sus proveedores, sus colaboradores o el medio ambiente, que tienen un impacto positivo, analizó el decano.

"Finalmente hay otras (empresas) que ven el tema de forma integral, holística, lo meten en su ADN, es parte de sus valores, de su misión y visión, lo fusionan, lo hacen parte de su modelo de negocio, de su esfuerzo de planeación estratégica, (la RSE) está en el corazón de su gestión operativa", explicó Porta.

Más de US$500 millones

Tal es el impacto que tiene la RSE en el país, según Unirse, que mueve aproximadamente US$500 millones en programas y proyectos. Aunque Matthias Dietrich, director ejecutivo de esa organización, manifestó que esa cifra será revisada, porque podría ser mayor.

Para Porta, es algo "extraordinario", porque demuestra que hay una nueva realidad en las empresas.

"Es importante que avancemos en los procesos de autoevaluación y de muestra de los resultados a la sociedad. Eso permitirá que los nicaragüenses apreciemos los avances y nos movamos año con año a un mejor desempeño. La comunicación y la transparencia es clave en este tema (de la RSE)", opinó.

Sostenibilidad

La RSE está estrechamente relacionada con la sostenibilidad de las empresas, explicó Adela Schaffer, especialista en RSE y coordinadora de maestría de la UAM.

Según Schaffer, las empresas que no ponen en práctica la RSE atentan contra su propia sostenibilidad en el tiempo. "Una empresa que no tome en cuenta acciones que satisfagan a los clientes, a la larga va a quebrar... También, por decir algo, trabajadores que no están contentos con su empresa tienen una productividad menor", ejemplificó.

Para la experta, poner en práctica la RSE no requiere de muchos recursos económicos, como se puede creer.

"La responsabilidad social no es solo invertir en proyectos caros, sino que también está hacia adentro; en la organización interna, es decir, en la gobernanza de la empresa, que sea más participativa, lo cual no requiere de mucho capital... Por ejemplo, en el trato con mis proveedores les voy a exigir que ellos no estén vinculados con el trabajo infantil o que respeten el medio ambiente. Eso no me cuesta nada y ya estoy haciendo RSE", advirtió Schaffer.

Comunidades exitosas

"La RSE para nosotros es un eje principal en el funcionamiento de la empresa, porque creemos que para poder ser exitosos tenemos que operar en comunidades exitosas. Y no es solo filantropía, sino en procurar un encadenamiento productivo, en enseñar a producir de manera sostenible, para que esas personas que beneficiamos se vuelvan generadoras de empleos en sus comunidades", afirmó Eduardo García, gerente de Asuntos Corporativos y representante legal de Walmart.

Uno de los proyectos de esa empresa, dirigido a la comunidad, es el de Fortalecimiento de Mujeres Emprendedoras, que lleva a cabo en alianza con Manna Project International, y que ha favorecido a 22 mujeres de la antigua Chureca de Managua, que antes se dedicaban a recolectar basura y ahora tienen una cooperativa dedicada a fabricar bisuterías con material reciclado, explicó García. Sus productos los están comercializando en Nicaragua y principalmente en Estados Unidos, detalló el también miembro de la junta directiva de Unirse.

Ejemplos

En las empresas actualmente hay 1,000 maneras de poner en práctica la RSE, que van desde cumplir los compromisos con sus empleados, fomentar el desarrollo socioeconómico de comunidades específicas, hasta desarrollar programas de carácter altruista.

Iguales derechos

Un ejemplo es el de Walmart, la empresa que administra las cadenas de supermercados Palí, Maxipalí y La Unión, en la que mujeres y varones, de sus más de 3,000 colaboradores, tienen iguales derechos posmaternidad.

Según Eduardo García, gerente de Asuntos Corporativos y representante legal de Walmart en Nicaragua, aparte de los tres meses que establece la ley, la madre o el padre, en dependencia de quién sea el trabajador, se va reincorporando paulatinamente al trabajo.

"Es decir, en los primeros dos meses comienzan trabajando cuatro horas al día y así van subiendo hasta llegar al quinto o sexto mes del bebé, en el que ya pueden trabajar tiempo completo", explicó García. En Walmart, además, cuentan con áreas de maternidad, en las que las madres pueden dar de amamantar al bebé con completa privacidad.

Patrimonio nacional

O como en Pinturas Sur, que por medio de su programa de RSE, conocido como Pintarse, promueve la protección del patrimonio nacional.

Horacio Borgen, gerente de RSE de esa empresa, contó que invirtieron medio millón de córdobas en la premiación de las casas más antiguas de Managua, concurso en el que participaron 200 propuestas de todos los distritos de la capital.

"El objetivo es proteger el patrimonio nacional con pinturas ecológicamente amigables. En este caso, que trabajamos con la Alcaldía de Managua, tratamos de rescatar los edificios más antiguos. Hubo proyectos de Sabana Grande, Monseñor Lezcano, en fin, de todos los distritos de Managua", sostuvo Borgen.

Según el gerente de RSE de Pinturas Sur, edificios antiguos como la iglesia San Francisco y la Catedral de Granada; la iglesia San Jerónimo y la estación del ferrocarril, en Masaya, han sido beneficiados por medio de ese programa.

 

Percepción ciudadana

Un estudio de la Fundación Internacional para el Desafío Económico Global, Fideg, de 2011, reveló que el 82.5% de las personas entrevistadas consideraban que las empresas realizaban prácticas socialmente responsables, comentó Álvaro Porta.
Además, en el estudio siete de cada diez personas opinaban que las grandes empresas son las que realizan prácticas de RSE y que lo más visible eran las acciones hacia la comunidad, con el medio ambiente y los beneficios a los colaboradores en el plano laboral.

 

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Reglamento indígena obligaría a más de una consulta

Publicado el 11 de febrero del 2014
Sustentare

Una de las implicancias que tendría el Reglamento de Consulta General Indígena, es que los proyectos de inversión deban repetir más de una vez los procesos de consulta.

Actualmente el Reglamento de Consulta General Indígena se encuentra en fase de revisión por la Contraloría General de la República y muchos especialistas proyectan que habría humo blanco antes de marzo. Este documento identifica el procedimiento, los consultados y las etapas de dicho proceso, cuyo responsable de convocarlo será el Estado y podrá ser solicitado por los pueblos indígenas.

Este reglamento fue fruto de un trabajo que comenzó en marzo de 2013, cuando el Gobierno anunció “con bombos y platillos” su primer encuentro con los representantes de los pueblos indígenas con el objetivo de alcanzar un consenso sobre las etapas del proceso y detallar conceptos claves como son: las medidas administrativas a consultar y el de afectación directa sobre los pueblos originarios.

¿Se cumplió con estos objetivos? Por el lado del proceso existen consensos, ya que el reglamento definió cinco etapas y con plazos específicos para cada una de ellas. Sin embargo, las indefiniciones apuntan hacia las medidas administrativas y el concepto de afectación directa, dado que para los distintos especialistas el Artículo N° 7 es muy general, por lo cual su interpretación y definición quedaría entregada a la práctica o la visión que tengan los órganos de la Administración del Estado y los tribunales de justicia.

“En estos temas nuevos la primera etapa es la más importante, porque generará un precedente. Lo más probable es que muchos de los temas se vayan a Contraloría para establecer un dictamen que permitirá fijar un criterio”, reflexiona Winston Alburquerque, abogado de Vergara Galindo Correa Abogados.

Actos reglados y no reglados

El artículo 7 del reglamento establece que solo las medidas o actos administrativos de carácter no reglados serán sometidos a proceso de consulta indígena, debido a que los órganos del Estado tienen un margen de discrecionalidad para dictarlos, modificarlos o rechazarlos. “Lo anterior permite un espacio para que se desarrolle un proceso de diálogo que permita llegar a acuerdos con los pueblos indígenas y que estos puedan influir efectivamente en la dictación de la medida”, explica Matías Abogabir, asesor especial para Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social.

Las medidas que no serán objeto de consulta son aquellas de naturaleza reglada, es decir, donde la autoridad está obligada a normar, siempre y cuando se cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley, y por lo tanto, no existe un margen de discrecionalidad de la autoridad.

No obstante, esta diferencia que establece el reglamento sobre los actos administrativos es cuestionada desde los grupos indígenas, ya que a su juicio estos requisitos no son establecidos por el Convenio 169 y solo se busca restringir el ámbito de acción en el cual los pueblos indígenas puedan incidir. “El Convenio 169 habla en términos amplios sobre las medidas administrativas, no hace ninguna distinción entre ellas (…) y la OIT lo que ha dicho es que el Estado está obligado a consultar cualquier medida administrativa susceptible de afectar a los pueblos indígenas”, argumenta Nancy Yáñez, directora de Observatorio Ciudadano.

En términos generales, ¿cómo este reglamento puede influir en los nuevos proyectos mineros que en promedio pueden solicitar entre 500 a 600 permisos de distinta naturaleza para su operación? No existe una visión uniforme sobre ello, ya que no está claro cuáles serán los actos administrativos que se encontrarán en la categoría de “no reglados”, en especial aquellos que están relacionados con el otorgamiento de concesiones de los recursos naturales, como son los derechos de agua, concesiones geotérmicas, concesiones eléctricas y concesiones mineras.
Los puntos en conflicto

Según Sebastián Donoso, abogado de Barros & Errázuriz, si estamos en presencia de una medida administrativa que tiene claramente establecidos los requisitos y procedimientos para que la autoridad otorgue el respectivo permiso o autorización, lo que uno debe entender del reglamento es que este tipo de permisos y actos administrativos no requerirán consulta, porque estamos frente a un acto de naturaleza reglada en que la autoridad no tiene espacio para ejercer discrecionalidad. “Por ejemplo, y en dicho sentido, bajo ciertas condiciones y cumplidos ciertos requisitos, la autoridad debe otorgar permisos en los procedimientos concesionales y, por lo tanto, uno debe entender que dichos actos no estarán sometidos a consulta”, explica.

De acuerdo con Winston Alburquerque, el reglamento debería ser la instancia para aclarar estas diferencias, pero que no lo hace en forma expresa, ya que solo menciona los actos administrativos que pueden afectar a las comunidades indígenas. “Si un acto administrativo es el otorgamiento de derechos de agua, concesiones geotérmicas o eléctricas debería entrar al tema de la consulta”, sostiene.

El Convenio 169, indica Nancy Yáñez, ha establecido que los Estados están obligados a consultar cada vez que se otorgue una concesión de recursos naturales situados en territorio indígena. “En el informe 2012 de la OIT se señaló que Chile debiera informar en 2014 sobre si ha modificado la legislación interna sectorial para que el proceso de otorgamiento de derechos de agua, concesiones mineras, concesiones geotérmicas, concesiones de acuicultura, contemple un procedimiento de consulta”, afirma.

¿Qué pasa con las concesiones mineras?

A juicio de Donoso, las concesiones mineras están en otra esfera, porque son medidas judiciales, es decir, otorgadas por resolución judicial. “El Código de Minería establece claramente cuáles son los plazos y procedimientos para el otorgamiento de una concesión minera y, por lo tanto, estamos en presencia de un acto reglado. Si alguien quisiera argumentar que la concesión minera es una medida administrativa dictada por los tribunales de justicia, igual estamos frente a un acto de naturaleza reglada y, por ende, aplicando el reglamento no procedería la consulta”, señala.

En opinión de Nancy Yáñez, en este punto existe un error de aplicación, porque se está desagregando la concesión del proyecto. “Son proyectos extractivos en territorios indígenas, no estamos hablando de medidas administrativas, sino de un proyecto que tiene una fase de concesión, formulación, ejecución y cierre”, observa.

La directora de Observatorio Ciudadano hace ver que el artículo 15 del Convenio 169 de la OIT dice que un proyecto extractivo de recursos naturales debe ser consultado en todas sus fases y en ellas se incluye la etapa de concesión. “A propósito de concesiones mineras, estoy pidiendo al Sernageomin que informe si ha efectuado el tema de la consulta en las concesiones mineras, porque eso es una obligación que el Estado está forzado a responder”, advierte la abogada especialista en temas indígenas.

¿Doble o triple consulta indígena?

Tras la vigencia de la etapa de consulta en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) y de la general, ¿existe la posibilidad de que un proyecto tenga que someterse a más de un proceso?

Aunque desde el Ministerio de Desarrollo Social descartan que pueda suceder este tipo de situaciones, en teoría y tal como está escrito en el reglamento, puede ocurrir que un proyecto de inversión deba enfrentar más de una consulta indígena. Así lo reconoce Sebastián Donoso, explicando que en el caso de una iniciativa que esté sometida a evaluación ambiental a través de un EIA, y que pase por un proceso de consulta indígena de acuerdo al nuevo reglamento del SEIA, podría ocurrir que algunos órganos de la Administración del Estado que posean la competencia para otorgar o dictar permisos o medidas administrativas necesarias para la ejecución de dicha inversión, estimen que algunas de esas medidas requieran consulta, en aplicación de los criterios que entrega el reglamento en trámite en Contraloría.

Alburquerque, por su parte, plantea derechamente que es ineficiente el sistema como está redactado, pues se volverá a la consulta más de una vez, por lo cual recomienda que debiera existir una especie de “cosa juzgada”. Según el abogado, “el problema es que existen más blancos que cubrir y posibilidades de acciones de terceros contra el proyecto”.

Para los grupos indígenas los procesos de consulta son un acto permanente de diálogo y de participación, en sus distintas fases, desde la concesión hasta el cierre de faena. Si bien Nancy Yáñez estima que este escenario podría generar un retraso en los proyectos, plantea que la consulta busca que estas iniciativas efectivamente no generen daños irreversibles a los pueblos originarios y sus territorios.


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MINERIA Sorpresivo respaldo del Congreso a Pascua Lama

Pascua Lama Pascua Lama

Sorpresivo respaldo del Congreso a Pascua Lama

Publicado el 11 de febrero del 2014

La comisión investigadora del proyecto aurífero emitió su informe final. El texto no sólo no pide, como se esperaba, la caducidad de los permisos, sino que se plantea no aplicar el Convenio 169 ni la norma de glaciares, además de proponer nuevas reglas para blindar la inversión privada.

(Pulso) Se esperaba un informe lapidario; que sugiriera la revocación de los permisos ambientales y solicitara sanciones ejemplares en contra de Pascua Lama.

Pero las conclusiones del trabajo que por siete meses desarrolló la comisión investigadora del Congreso sobre los efectos ambientales del proyecto fueron por una línea muy distinta.

El documento, que fue aprobado hace algunos días en la comisión respectiva por 10 votos a favor y dos en contra, y al que tuvo acceso PULSO, plantea que si bien el titular del proyecto ha incurrido en reiterados incumplimientos, éstos han sido abordados por los cauces administrativos correctos, como la Superintendencia de Medio Ambiente, que sancionó a Barrick con 10.000 UTM más la clausura temporal de la iniciativa.

“La comisión considera que en caso que con posterioridad a la implementación de las medidas que se le han impuesto por las autoridades competentes, la empresa reincida en incumplimientos manifiestos, procedería de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico ambiental la revocación de la Resolución de Calificación Ambiental”, plantea el documento.

Además, se señala que no procede la aplicación de normas que fueron dictadas con posterioridad a la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Pascua Lama, como el Convenio 169 de la OIT.

“En virtud del principio de irretroactividad de las normas, no pueden aplicarse al proyecto aquellas normas que no estaban en vigencia antes de que el desarrollo del proyecto fuera autorizado por el Estado de Chile, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo; el Inventario de Glaciares y la Política y la Estrategia Nacional de Glaciares; la modificación al Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental referida a los glaciares y la modificación al Reglamento de Caudales Ecológicos de la Dirección General de Aguas”, añade el documento.

Asimismo, la comisión concluyó que tanto en lo relativo a los incumplimientos como al proceso de tramitación completo se manifiestan debilidades normativas en distintos puntos, entre ellos, la participación ciudadana, que a juicio de los diputados no opera como se debe y abre espacios para que las comunidades se manifiesten posterior a la aprobación por la vía de la protesta o recursos judiciales.

Según la comisión, estas falencias deben ser abordadas para permitir que el principio preventivo de la ley ambiental pueda operar de manera eficiente, “evitando que la participación de la ciudadanía degenere en denuncias, protestas y disconformidad posteriores a la aprobación ambiental”, se dice.

También se cuestionó las condiciones para la inversión que existen en el país y la necesidad de fortalecer la normativa. “La comisión ha constatado la necesidad de reforzar la certeza jurídica necesaria para el desarrollo de cualquier clase de proyecto productivo, especialmente de inversiones tan complejas como la minera”, dice el documento.

VOTO DE MINORÍA

El informe final, que aún debe ser votado en la sala, contó con el rechazo del diputado Alberto Robles, quien criticó las conclusiones señalando que la comisión debe elaborar un reporte político y no un análisis jurídico. Por esa razón, expresó el parlamentario radical, lo que correspondía era imponer una sanción ejemplar que enfatice la responsabilidad de una empresa extranjera. “Barrick no debería recibir una segunda oportunidad luego de los graves incumplimientos en que incurrió”, dijo Robles. Marcelo Schilling (PS) también rechazó el informe.

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