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miércoles, septiembre 11, 2013

TRIBUNAL AMBIENTAL

Pretende invalidación.
Tribunal Ambiental se pronunciará sobre el fondo de reclamación en contra de resoluciones de calificación ambiental.
 
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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Medioambiente

Por Stephen Leahy

Una familia en una barca de remos navegan por el ríoUxbridge, Canadá, (IPS)  - Un equipo de científicos que analizó la riqueza de fauna y flora del planeta ha llegado a la conclusión de que en América Latina se concentran los ecosistemas que hay que proteger de inmediato, si se quiere cumplir en 2020 la meta de conservación del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

El sistema natural que brinda a la humanidad aire, agua y alimentos funciona gracias a 8,7 millones de especies de plantas, peces, insectos y otros animales. Los científicos coinciden en que esos seres vivos se están extinguiendo a un ritmo acelerado, amenazando gravemente el futuro del género humano,.

En respuesta a esta amenaza, casi todos los países del mundo acordaron, en el marco delConvenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD), proteger el 17 por ciento de las áreas terrestres del planeta y conservar el 60 por ciento de las especies vegetales para el año 2020.

Estos objetivos, incluidos en las 20 Metas de Aichi, solo podrán cumplirse si se protegen adecuadamente muchas más tierras en el Caribe, América Central y el norte de América del Sur, según un nuevo estudio publicado el 6 de este mes en la revista Science.

La investigación «Achieving the Convention on Biological Diversity's Goals for Plant Conservation» (Cumpliendo los objetivos del CBD para la conservación de las plantas), analiza la distribución de 110.000 especies vegetales y determina que un 67 por ciento de ellas se encuentran en el 17 por ciento de su área terrestre, principalmente en regiones tropicales y subtropicales.

«Nuestro artículo expone las áreas prioritarias para la protección, de acuerdo a su riqueza de especies», dice uno de los coautores, Stuart Pimm, de la Duke University, en el oriental estado estadounidense de Carolina del Norte.

Esas áreas prioritarias incluyen Panamá, Costa Rica, Ecuador, el norte de Perú y las islas del Caribe, agregó.

Costa Rica posee casi 800 especies endémicas, que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Canadá, con una superficie casi 200 veces mayor al pequeño país centroamericano, tiene apenas 70 especies únicas, dispersas en su área terrestre de nueve millones de kilómetros cuadrados.

El motivo de este desequilibrio es el clima frío de Canadá y la última Era del Hielo, que hace 10.000 años enterró todo su territorio bajo una capa helada de varios kilómetros de profundidad.

El estudio concluye que menos de la sexta parte de las regiones prioritarias están protegidas. Aunque Costa Rica protege por lo menos el 20 por ciento de su área terrestre, mucho más que casi cualquier otro país, no hay suficiente información para saber si eso alcanza, dice Pimm.

«En lo relativo a las plantas no tenemos datos para determinar cuánto debería protegerse en cierto país o dónde deberían estar esas áreas» dentro del mismo, explica.

En cambio, hay mucha más información sobre aves y otros animales, y se utiliza para identificar los «puntos calientes de la biodiversidad».

Este nuevo estudio confirma la existencia de la mayoría de esos lugares, pero lleva el análisis más lejos con una mejor metodología. Hay una correlación entre la diversidad de plantas y la de otras especies, pero también abundan las excepciones. Un bosque tropical puede tener muchos anfibios, mientras que una isla tropical con una cantidad similar de plantas puede no tener ninguno, explica Pimm.

La mayoría de los parques nacionales y áreas protegidas existentes están a menudo en zonas remotas, áridas o inhóspitas. Con estos nuevos datos es más fácil determinar zonas ricas en biodiversidad para protegerlas.

«La cruel realidad es que la mayoría de las áreas prioritarias que necesitan protección generalmente están en países pobres, como Madagascar o Ecuador», dice otro coautor del estudio, Clinton Jenkins h, ecologista y experto en conservación de la North Carolina State University que además trabaja para una organización no gubernamental brasileña.

«Costa Rica tiene que proteger una porción más grande de su superficie que Canadá si queremos detener la marea de extinciones», sostiene Jenkins.

Movilizar apoyo internacional para proteger la biodiversidad en otros países ha sido muy difícil. En el marco del Plan Estratégico de la CBD para cumplir estos objetivos en 2020, los países industrializados acordaron duplicar la ayuda destinada a la biodiversidad para 2014 y mantener esos niveles hasta el último año del plan.

«Esto es clave para lograr cualquier objetivo», dice David Ainsworth, portavoz de la CBD.

Ecuador propuso proteger 10.000 kilómetros cuadrados de su región amazónica para evitar la perforación petrolífera mediante la iniciativa Yasuní-ITT, destinada a dejar en el subsuelo el crudo del parque amazónico homónimo a cambio de una compensación económica internacional estimada en unos 3.500 millones de dólares, recuerda Jenkins.

Pero en cinco años, el fondo destinado a reunir esos recursos no ha obtenido más de 13,3 millones de dólares, y ahora Ecuador se prepara para permitir las perforaciones.

Según Jenkins, ya se está construyendo una nueva carretera que atraviesa la región.

Inevitablemente, las carreteras traen deforestación, con impactos negativos también sobre las comunidades indígenas locales, plantea. Los pueblos originarios tagaeri y taromenane viven en un aislamiento voluntario en esa región.

Si se emplea la perforación direccional de largo alcance se pueden minimizar los daños, porque no son necesarias las carreteras. No implica forzosamente más costes, pero no todas las empresas dominan la tecnología, dice.

«Si se va a extraer petróleo, le corresponde al gobierno ecuatoriano asegurarse de que las empresas causen el mínimo impacto», opina Jenkins.

Algunas regiones del mundo son sencillamente más importantes para la biodiversidad. El Yasuní es una de ellas. «O se protege las especies de la extinción o estas desaparecen para siempre, y nadie las volverá a ver jamás», enfatiza. «Es inmoral permitirlo».


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CALENTAMIENTO GLOBAL

Cambio climático, agotamiento de recursos y colapso social

Nueva ley, posible clave para el futuro.

Marco Vinicio Cerezo Blandón

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La historia nos enseña que ninguna elite que se conciba en el zenit de su desarrollo será capaz de anticipar un colapso civilizatorio causado por la degradación del ambiente natural que la sostiene, y agravado por cambios climáticos planetarios. La arrogancia del poder, con muy pocas excepciones, impide los cambios culturales, sociales y tecnológicos que se requieren para escapar a estas tragedias históricas.

 

Allí están para demostrarlo los ejemplos de la Isla de Pascua, de las teocracias mayas y del reinado nórdico de Groenlandia, entre otros. En su libro sobre el Colapso de las Civilizaciones(Collapse), Jared Diamond analiza con abundantes datos históricos cómo estas sociedades agotaron sus recursos naturales y cómo impredecibles eventos de cambio climático planetario vinieron a agravar su vulnerabilidad, al punto que colapsaron como civilización. Así, los reyes de Isla de Pascua seguían deforestándola para erguir los monumentales Moais, aun viendo cómo desaparecían todas las fuentes alimentarias (lo que eventualmente los llevó hasta el canibalismo para sobrevivir).

 

Los reyes mayas deforestaron las selvas tropicales para cocinar estuco para sus templos, hasta que un largo periodo de sequías condujo a la hambruna, la rebelión y el abandono de las ciudades-estado; los reyes nórdicos de Groenlandia, atrapados en un largo periodo de enfriamiento planetario, seguían trayendo espadas y crucifijos en los pocos barcos que lograban cruzar los mares congelados desde Noruega –en vez de pedir provisiones o de planificar una evacuación ordenada… Y todas estas civilizaciones desaparecieron, seguramente después de cruentas luchas por la supervivencia. ¿Qué pasaría en Guatemala si cuatro o cinco años de sequías (o tormentas tropicales, o ambas) destruyeran las cosechas de cientos de miles de familias de agricultores de subsistencia, haciendo imposible la agricultura de laderas y llevándolos a la desesperación? ¿Qué pasaría si el incremento de las temperaturas de las aguas costeras alejara a todos peces, llevando a la hambruna a decenas de miles de familias de pescadores? ¿Qué haría la ciudad de Guatemala si decenas de miles de refugiados ecológicos inundaran sus calles, parques y barrancos? ¿Podríamos responder a estos escenarios? 

 

Es tiempo de asumir esta realidad: para subsistir como nación debemos prepararnos para enfrentar el cambio climático, debemos adaptarnos a sus efectos inevitables y contribuir a la reducción de las emisiones de gases de invernadero que agravarían aún más la situación en el futuro. En este contexto, tiene enorme importancia para Guatemala la reciente aprobación de la Ley Nacional de Cambio Climático (Decreto 7-2013), la cual dota al país de un instrumento orientador para que toda la sociedad asuma este enorme reto. Primera ley ambiental aprobada en casi dos legislaturas, fue impulsada originalmente por el anterior ministro de Ambiente, Luis Ferraté, retomada por la actual Comisión de Ambiente, y finalmente apoyada por las principales jefaturas de bloque del Congreso. 

 

Esta ley podría ser un pilar central de nuestros esfuerzos para sobrevivir e, incluso, prosperar en un contexto de cambio climático, ya que establece mandatos claros para que todas las entidades de Gobierno, universidades, municipalidades, sociedad civil y el sector productivo empresarial asuman todos sus respectivas responsabilidades en la adaptación y la mitigación de los efectos del cambio climático. De carácter visionario y participativo, esta ley establece claramente la prioridad que deberá tener la reducción de la vulnerabilidad en temas vitales como la salud pública, la seguridad alimentaria, la gestión de zonas costeras, la conservación de bosques y la protección de infraestructura productiva. 

 

Como Jared Diamond lo señala en su libro, también hay ejemplos notables de sociedades que supieron enfrentar la degradación de sus recursos naturales: Hacia el año 1,700, un Japón casi totalmente deforestado adoptó un estricto sistema de protección y recuperación de sus bosques y, hoy en día, es uno de los países con mayor cobertura forestal del planeta; y la República Dominicana ha sabido preservar sus bosques y biodiversidad, en radical contraste con un Haití deforestado y empobrecido. La acción concertada de todos los actores sociales, impulsada por la nueva Ley de Cambio Climático, podría ser la clave de nuestro futuro.

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#RSE HABLANDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN SOCIAL EMPRESARIAL EN LA RED

HABLANDO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL E INNOVACIÓN  SOCIAL EMPRESARIAL EN LA RED. 11 de septiembre 2013

 

#RSE Evolucionar es procesar nueva información, las organizaciones evolucionan constantemente en la medida en que dan respuesta a nuevas demandas. 

#RSE La Responsabilidad Social Empresarial como discurso y práctica está evolucionando hacia la Innovación Social Empresarial,

#RSE Los temas sociales y ambientales como elementos que condicionan la gestión empresarial.

#RSE Las organizaciones se autoperciben como agentes activos del desarrollo, en la medida en que generan relaciones ganar-ganar, con sus grupos de interés.

#RSE las organizaciones han hecho de los temas sociales fundamentales su estrategia de gestión que garantiza su autosostenibilidad y duración en el tiempo

#RSE Las  organizaciones han creado dentro de su estructura formal un cargo o están por crear con el objetivo de liderar la gerencia y gestión de la responsabilidad social

#RSE Empresas dan la debida importancia que reviste, cada vez más, la gestión del capital humano;

#RSE empresas exitosas vienen desarrollando acciones afirmativas frente a quienes integran su fuerza laboral,

#RSE Las empresas eficientes están implementando buenas prácticas de género o fortaleciendo la dimensión humana y relacional de su público interno.

#RSE Las empresas responsables  destacan la inclusión de herramientas participativas en la construcción de sus reportes de sostenibilidad, 

#RSE las buenas prácticas para el gobierno corporativo y los indicadores de transparencia organizacional, aún están en estado embrionario.

#RSE en la medida en que cambie la concepción de lo social como algo relacionado con la pobreza, nuestras organizaciones hablan de Innovación Social que implica reconocer el papel de la sociedad en la creación de valor.

 

Fuente:rg

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Proyecto Hidroeléctrico Río Cuervo

11/09/2013


CEA de Aysén Aprobó Proyecto Hidroeléctrico Río Cuervo


 Energía Austral confirmó que ayer la Comisión de Evaluación Ambiental de Aysen aprobó en forma unánime el proyecto hidroeléctrico Central Cuervo y en lo inmediato la empresa está a la espera de recibir la Resolución de Calificación Ambiental respectiva. "El proyecto Cuervo tiene el potencial de aportar energía limpia, renovable y confiable para hacer frente a las crecientes necesidades energéticas de Chile, y de generar beneficios para la Región de Aysen en el largo plazo", dijo la compañía en un comunicado. 

En la actualidad EA está desarrollando un proceso de consulta a los grupos de interés sobre la opción submarina para su proyecto de transmisión y planea efectuar en el corto plazo una serie de reuniones en Aysén tendientes a explicar los resultados de los estudios geológico - vulcanológicos y atender las dudas que puedan haber aun respecto de peligros naturales en el área de emplazamiento de Cuervo.

Fuente:estrategia

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SVS FORMULA CARGOS JULIO PONCE Y OTROS EJECUTIVOS

POR INFRACCIÓN A LA LEY DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y LEY DE MERCADO DE VALORES

SVS formula cargos contra Julio Ponce y ejecutivos delas sociedades cascadas




Entidad afirmó que las operaciones entre relacionadas se hacían a precios fuera de mercado, y que no perseguirían el interés social de las compañías.

 

A más de un año de que se iniciara la investigación sobre las operaciones financieras de las llamadas "sociedades cascada", finalmente ayer la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) formuló cargos contra Julio Ponce y los principales ejecutivos de dichas compañías por supuestas infracciones a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley de Sociedades Anónimas.

Mediante un comunicado, el regulador señaló que los cargos "se circunscriben a la presunta responsabilidad de los involucrados en diversas operaciones realizadas de modo recurrente y coincidente, durante los años 2009, 2010 y 2011, que permiten presumir la existencia de un esquema consistente principalmente en transacciones bursátiles con los títulos Calichera A, Oro Blanco y SQM".

Por ello, el regulador resolvió formular cargos contra Julio Ponce, en su calidad de presidente del directorio y controlador de las sociedades Norte Grande, Oro Blanco, Pampa Calichera, Potasios, Nitratos, Inversiones SQ e Inversiones SQYA, estas dos últimas, controladoras de Norte Grande.

Junto a Ponce, la SVS también presentó cargos contra el gerente general de Norte Grande, Oro Blanco (hasta mayo de 2013) y de Pampa Calichera, Aldo Motta, quien además hasta 2011 fue el máximo ejecutivo de Potasios, Inversiones SQ e Inversiones SQYA.

También se presentaron cargos a Patricio Contesse Fica, hijo del actual gerente general de SQM, y gerente general de Potasios desde 2011; así como a Roberto Guzmán Lyon, asesor cercano a Ponce.

El levantamiento de cargos se produce dos semanas antes de que los accionistas minoritarios y los controladores de las cascadas acudan a las juntas extraordinarias de accionistas de las compañías para votar un aumento de capital en Oro Blanco por US$ 290 millones, otro en Norte Grande por 
US$ 177 millones, y la fusión de Pampa Calichera con Potasios. 
A mediados de 2012, Moneda y las AFP pidieron al regulador que investigara una serie de operaciones relacionadas entre las sociedades cascadas, transacciones que según señalaron en su momento, implicaron pérdidas por millones de dólares, y que entre ellas sumarían más de 
US$ 7.000 millones.


Cuestionamientos a operaciones 


Según indicó la SVS, en los cargos se presume "la existencia de un esquema estructurado sobre la base de reiteradas operaciones de inversión y financiamiento que habría llevado a que las Sociedades Cascada proveyeran acciones Oro Blanco, Calichera A y SQM-B, a precios que, en la generalidad, pueden ser entendidos bajo mercado y en condiciones que imponían barreras a la participación de un mayor número de inversionistas, entre otras, a las diferentes sociedades relacionadas a Julio Ponce L., y en menor medida a sociedades relacionadas a Roberto Guzmán".

Estas sociedades -explica la superintendencia-, por lo general, tiempo después, enajenaban dichas acciones a precios significativamente mayores a los que las habían comprado y en condiciones de precios que, en la mayoría de las veces, podrían ser consideradas como sobre mercado, siendo las contrapartes de estas operaciones, mayoritariamente, las propias Sociedades Cascada.

"Lo anterior, daría cuenta de la realización de prácticas que no habrían perseguido el interés social de las Sociedades Cascada, pudiendo incluso vislumbrarse como contrarias al mismo y que, por otra parte, habría afectado el correcto funcionamiento del mercado de valores, basado principalmente en la confianza del público inversor y en la transparencia del mismo", sentenció el regulador. 

Las personas cuestionadas tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar sus descargos. Una vez cumpliendo ello, la SVS deberá resolver si los mantiene.

 

Cargos a Julio Ponce Lerou

(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social.
(ii) Presunta infracción al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de S.A., que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.
(iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de S.A. sobre operaciones entre partes relacionadas.
(iv) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir, a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
(v) Presunta infracción al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto que es contrario a dicho cuerpo legal efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.

 

 Los reparos de los minoritarios a la actuación de la SVS en el caso

Desde hace meses que las partes involucradas en el conflicto por las operaciones entre partes relacionadas de las sociedades no miraban con buenos ojos  que la Superintendencia de Valores y Seguros no entregara las conclusiones de su investigación, iniciada hace más de un año. De hecho, en la primera jornada del Chile Day realizada ayer en Londres se comentaba que los accionistas minoritarios que se encuentran en la cita, harían notar su malestar por la demora de la indagatoria al regulador, Fernando Coloma, que precisamente expone hoy.
"Hasta el momento no me ha parecido que las compañías se sientan presionadas (por el regulador) porque veo que siguen actuando y tomando iniciativas, prescindiendo de las inquietudes que han manifestado los minoritarios", comentó ayer en Londres, antes de conocerse el resultado de la investigación, el presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán.
Pero las críticas por la demora de la indagatoria no son nuevas.
A fines de agosto pasado, el socio y director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, planteaba la inconveniencia de que los accionistas minoritarios tomaran decisiones sobre aumentos de capital o fusiones de las sociedades cascada, sin conocer el resultado de la investigación que llevaba adelante el regulador.
"Nosotros estamos esperando lo que vaya a decir la Superintendencia sobre las transacciones de Julio Ponce, respecto de lo cual aún no se ha manifestado", aseguraba ya en abril pasado una fuente de una AFP a Diario Financiero.

 

Cargos a Aldo Motta Camp

(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de S.A., que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social. (ii) Presunta infracción al numeral 7 del artículo 42 de la Ley de S.A, que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social. (iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas sobre operaciones entre partes relacionadas. (iv) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento. (v) Presunta infracción al inciso primero del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto que es contrario a dicho cuerpo legal efectuar cotizaciones o transacciones ficticias respecto de cualquier valor.

 

 Cargos a Patricio Contesse Fica

(i) Presunta infracción al numeral 1 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de proponer modificaciones de estatutos y acordar emisiones de valores mobiliarios o adoptar políticas o decisiones que no tengan por fin el interés social.
(ii) Presunta infracción del numeral 7 del artículo 42 de la Ley de Sociedades Anónimas, que establece la prohibición de practicar actos ilegales o contrarios a los estatutos o al interés social o usar de su cargo para obtener ventajas indebidas para sí o para terceros relacionados en perjuicio del interés social.
(iii) Presunta infracción al Título XVI de la Ley de Sociedades Anónimas, que dice relación con operaciones entre partes relacionadas.

 

 Cargos a Roberto Guzmán Lyon

 (i) Presunta infracción al inciso segundo del artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores, que establece la prohibición de efectuar transacciones o inducir, o intentar inducir a la compra o venta de valores, regidos o no por esta ley, por medio de cualquier acto, práctica, mecanismo o artificio engañoso o fraudulento.
(ii) Presunta infracción al inciso primero del artículo 52 de la Ley de Mercado de Valores, en cuanto establece que es contrario a la ley efectuar transacciones en valores con el objeto de estabilizar, fijar o hacer variar artificialmente los precios.

 

 Gutiérrez: involucrados arriesgan hasta 10 años de presidio

Hasta 10 años de cárcel arriesgaría Julio Ponce, Aldo Motta Camp, Patricio Contesse Fica, y Roberto Guzmán Lyon por los cargos que ayer la SVS formuló en su contra.
Según el socio y director de Moneda, Pedro Pablo Gutiérrez, "los cargos formulados por la SVS dan cuenta de operaciones que a los ojos de la Ley de Sociedades Anónimas y de Valores, constituyen infracciones gravísimas". En esa línea, Gutiérrez agregó que "algunas de estas infracciones son constitutivas delitos sancionados con penas que llegan hasta los 10 años de presidio".
Un alto ejecutivo de una AFP
indica que la "estas son las primeras formulaciones de cargo y deja abierta la puerta a que más ejecutivos entren en el proceso y reciban estos cargos. Además, con esto se abre la parte penal. Al tener la SVS la sospecha de que se cometieron delitos que tienen sanción penal, necesariamente debe pasar a la fiscalía correspondiente".
De hecho, indica que infringir el artículo 53 de la Ley de Mercado de Valores es un delito que amerita un proceso penal.
Con todo, desde las AFP indican que "aún no se ha resuelto nada relacionado a la información que debe proveer la compañía respecto a las operaciones con empresas relacionadas, que es lo que nosotros queremos. Lo único que se hizo fue levantar cargos, entre otros sobre inversiones con partes relacionadas, pero no ha tomado una decisión respecto a si realmente los va a obligar o no a entregar esa información".
A ello, se suma que el regulador no ha resuelto si suspenderá o no las juntas de accionistas del próximo 27 de septiembre.
De hecho, el gerente general de AFP Habitat, Cristián Rodriguez, había solicitado al regulador "ordenar la suspensión de toda junta de accionistas de dichas compañías que tenga por objeto aumentos de capital o fusión y que pudieran tener un impacto en los estados financieros y en los derechos de sus accionistas, en tanto no se nos proporcione todos los antecedentes e información relativa a las cuestionadas operaciones con partes relacionadas".
Unas semanas antes, en entrevista con Diario Financiero, Pedro Pablo Gutiérrez planteaba en la misma línea que "es difícil e inconveniente que estas juntas se lleven a cabo antes de que culmine esta etapa de la investigación de la SVS. Es imprescindible que los minoritarios tengamos claro lo que ha ocurrido con las operaciones relacionadas que se han denunciado. Además, si hemos impugnado los balances y estados financieros, lo lógico es que la SVS culmine esta etapa de su investigación antes de que se les pida a los accionistas que tomen decisiones sobre fusiones o aportes adicionales de plata".

Fuente: df

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